PARO NACIONAL EN ECUADOR. CULTURA Y CONTINGENCIA

Por Ana Rosa Valdez

El ataque policial y militar a la Casa de las Culturas Ecuatorianas del pasado 24 de junio, durante una movilización social, no puede volver a suceder en un gobierno democrático. Convertir las instituciones culturales en cuarteles, imponiendo el signo de la represión en ellas, transgrediendo su autonomía, no debe ocurrir ni siquiera excepcionalmente durante un contexto de protesta social. Bajo ningún pretexto el espacio de la cultura, que es el espacio de la disputa simbólica por las libertades esenciales, de la búsqueda de acuerdos comunes en medio del disenso, del encuentro de las diferencias y de la mediación a través del diálogo, puede ser vulnerado o tomado por la fuerza por el poder político de turno.

Si en este país no aprendemos a respetar el valor de la cultura como un espacio para ejercer legítimamente el derecho a la resistencia, jamás seremos capaces de construir el Estado constitucional de derechos, intercultural y plurinacional que, en su primer artículo, consagra la Constitución de la República. Lo que instituye ese documento es un pacto democrático fruto de cientos de luchas sociales, negociaciones, conflictos y muertos. Aunque un segmento del sector cultural aún se resista a pensar la plurinacionalidad e interculturalidad del Estado ecuatoriano, ambos enunciados gozan de legitimidad y cabe no sólo reflexionar sobre ellos, sino cumplirlos. Más aún, cuando la memoria de hechos que posibilitaron su conquista democrática, desde los años noventa, ha sido profanada en el lugar histórico que representa el parque El Arbolito, junto a la sede nacional de la Casa de las Culturas en Quito, para los procesos de lucha de los pueblos originarios del Ecuador. 

Durante el Paro Nacional que continúa en el país, hoy en su décimo sexto día, hemos sido testigos de múltiples atropellos a la cultura. Una parte considerable del sector de las artes se ha sumado a la movilización convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y respaldada por diversas organizaciones sociales del país, que se identifican con las demandas^[1] planteadas al gobierno de Guillermo Lasso, y han denunciado el uso militar de las instituciones culturales. El 14 de junio, el Centro Cultural Metropolitano de Quito fue tomado por las Fuerzas Armadas, y convertido en espacio logístico de los militares. El día 19, la CCE fue tomada por la Policía Nacional y sus predios reducidos a su utilización como un cuartel. En ese momento se cruzó una línea que sólo había sido violada en dictadura: el 18 de julio de 1963 la Junta Militar, encabezada por Ramón Castro Jijón, suspendió garantías constitucionales y decidió “reorganizar” la Casa, cesando a las autoridades en sus funciones, incluso a Benjamín Carrión, presidente y fundador de la institución.

El 23 de junio esta entidad fue recuperada por las organizaciones indígenas y sociales que convocan el paro. En el Ágora se instaló la Asamblea de los Pueblos y se creó un espacio para celebrar rituales ancestrales entre el escenario y la tribuna. Se crearon zonas de refugio y centros de acopio de donaciones de alimentos, medicina y ropa. El carácter festivo de la restitución simbólica de la cultura en este sitio le devolvió su condición de espacio público y lugar de memoria. Desde los años noventa, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) irrumpe en la arena política como actor representativo de los pueblos indígenas del país, la CCE y El Arbolito han funcionado como sedes simbólicas de sus luchas sociales. Así ocurrió durante las movilizaciones de octubre de 2019. ¿Por qué hoy no habrían de serlo también?

El uso cultural de este territorio durante el Paro Nacional se expresa principalmente en los modos de organización y producción de condiciones para el diálogo y los acuerdos comunes. La construcción múltiple del espacio asambleario en donde diversas voces, cuerpos y territorios confluyen, expresando libremente ideas y emociones de distinta índole; la palabra que se expresa en español y kichwa, no sólo en los discursos sino en las conversaciones cotidianas; la estética política de la minga y la pambamesa, que favorece las manifestaciones de solidaridad y colaboración en el trabajo que se hace junto a otrxs, en actitud de reciprocidad; la fiesta y el ritual que irrumpen en el tiempo de lo extraordinario que representa la movilización; la coreografía improvisada de los cuerpos que hablan, los que escuchan, los que cuidan, los que llegan con provisiones, los que se manifiestan pacíficamente y los que integran la primera línea… en este conglomerado de actividades humanas que acontecen en medio de la convulsión social es preciso distinguir que el lazo que las une y les da sentido es cultural.

El 24 de junio el presidente Guillermo Lasso pidió a las personas indígenas y campesinas movilizadas “volver a sus comunidades”, “por su seguridad”, y se refirió al uso progresivo de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas para “enfrentar a vándalos y criminales” con el fin de defender “el orden público y la democracia”. Minutos después, las fuerzas públicas atacaron brutalmente los parques El Arbolito y El Ejido, así como la Casa de las Culturas. Lanzaron bombas de gas lacrimógeno, persiguieron a los manifestantes con tanquetas antimotines y motocicletas, dispararon agua, balas de goma y perdigones, sobrevolaron el sector con helicópteros. La multitud se resistió a abandonar la zona, algunos se reagruparon en las esquinas, se escondieron en los callejones, gritaron consignas para mantener el espíritu en alto, esperando que el asedio culmine, pero al final tuvieron que replegarse.

Muchas personas corrieron hacia la Universidad Central del Ecuador, zona de paz y refugio (que históricamente ha sido espacio de luchas sociales), pero el ataque de las fuerzas públicas también llegó hasta allí. Incluso, intentaron desalojar el Pabellón de las Artes, emplazado en El Arbolito, donde paramédicos cuidaban heridos en medio del enfrentamiento. Hasta la avenida Colón llegó el operativo. Los periodistas de los medios comunitarios denunciaron en vivo el brutal atropello, arriesgando su integridad con tal de registrar y difundir cada abuso y arbitrariedad en toda su contingencia. Al caer la noche, el sector alrededor de la Casa de las Culturas quedó en silencio. El Estado había impuesto el terror en y desde el “espacio de encuentro común, de convivencia y de ejercicio de los derechos culturales, en el que se expresa la diversidad cultural y artística, la memoria social y la interculturalidad”^[2].

Esa misma noche, en la avenida Shyris, en el norte de Quito, otro grupo social festejaba la recuperación de la CCE por parte de la policía y los militares (en el año 2000, un grupo bastante similar salió a defender en este sitio el gobierno de Jamil Mahuad, responsable del feriado bancario y la crisis económica de 1998-1999 que produjo la dolarización en el Ecuador). Festejaban con ellos en el espacio resguardado por el poder político. Celebraban el triunfo sobre las comunidades indígenas que fueron atacadas en la Casa. Los llamaron “vándalos” y “terroristas”. Les dijeron “lárgate de mi cuidad”, como parte de la ola de racismo que se ha extendido violentamente durante estos días. Miembros de las fuerzas públicas posaban para las fotos. Levantaban las manos en señal de victoria. Sonreían y disfrutaban de los aplausos: era el goce de la impunidad.

El panorama en la Casa de las Culturas luego del ataque mostró un Ágora vacía, despotenciada, invadida por la oscuridad, que contrasta terriblemente con la imagen festiva de la multitud cohesionada del día anterior. La del desalojo es la imagen del silenciamiento, del “orden” que atropella y lastima, que vulnera derechos. Es la imagen de un cuerpo social ausente, expulsado, despojado de las mínimas garantías constitucionales y acuerdos democráticos. Representa la desaparición de la protesta, la fiesta, el ritual, el refugio, y ostenta la falsa paz que pretenden erigir, a punta de gas y balas, los policías y militares. La de acogida, por el contrario, es una imagen más compleja, pues expresa la contingencia de “la unidad en la diversidad” que constituye un Estado intercultural. Manifiesta la vitalidad de una multitud que abriga el común horizonte que esta movilización está trazando. La abismal diferencia entre ambas sintetiza el paisaje de antagonismos que se impone en un país incapaz de dialogar.

Durante el décimo sexto día del Paro Nacional, el Ecuador sigue en zozobra. En la Basílica del Voto Nacional, en Quito, ayer se instaló una mesa de diálogo entre la dirigencia de las organizaciones indígenas y el Gobierno nacional. La sesión culminó sin acuerdos suficientes para finalizar el paro. En horas de la madrugada, en la población de Shushufindi, en la Amazonía ecuatoriana, se produjo un nuevo enfrentamiento entre manifestantes y militares. La CONAIE denunció este hecho y declaró que el paro continúa, durante la segunda sesión que tuvo lugar el día de hoy, mientras que el presidente Guillermo Lasso suspendió el diálogo con las organizaciones que convocan la movilización.

Para que el cambio de nombre de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a Casa de las Culturas Ecuatorianas sea significativo, y evitar que se convierta en un nuevo acto demagógico, es fundamental reconocer que en ese sitio, en este momento, existe una oportunidad histórica para que la cultura sea concebida como el lugar de la mediación del conflicto a través del diálogo. En ese sentido, el Ministerio de Cultura y Patrimonio podría disputar un espacio para la complejidad del debate cultural en esta contingencia; no obstante, ha contribuido a propagar el discurso gubernamental al pie de la letra. Hoy decenas de actores culturales exigen la renuncia de su máxima autoridad.

Agradezco por su ayuda en la elaboración de este texto a Guillermo Morán, Gabriela Fabre, Fernando Montenegro, Juan Felipe Paredes, Pablo Andino, José Miguel Cabrera, María José Argenzio y a lxs artistas cuyas imágenes, producidas durante el paro, son parte del mismo.

^[1] En síntesis: congelar los precios de los combustibles y focalizar subsidios; moratoria de las deudas en la banca pública, privada y cooperativa; precios justos en los productos del campo; mejorar el empleo y los derechos laborales; rechazo a la ampliación de la frontera extractiva minera o petrolera y protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles; un alto a la privatización de los sectores estratégicos; control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad; mejoramiento de la educación intercultural bilingüe; presupuesto para salud y condiciones de hospitales desabastecidos de medicinas y sin personal suficiente; seguridad y protección para frenar la violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que azotan el país; entre otros (Demandas del Paro Nacional, Síntesis en GK).

^[2] La Ley Orgánica de Cultura del Ecuador, en su artículo 152, describe a la Casa de las Culturas Ecuatorianas de esa manera.