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Y AHORA ¿QUIÉN PODRÁ REPRESENTARNOS?

El año ya se acaba; un 2020 que sin duda ha dejado ver de manera clara la precariedad del sector cultural: tasas altísimas de informalidad, de desempleo, cotizaciones bajísimas, espacios cerrados por meses. Las cifras que entrega el gobierno son demoledoras: de los 15 mil artistas y agentes culturales que respondieron una encuesta, 10 mil calificaron su situación económica como mala o muy mala como resultado de la pandemia. El informe constató la amplia vulnerabilidad económica de los trabajadores del sector para poder enfrentar la situación con recursos propios: el 85% no tiene contrato, y de ellos, el 79,4% no tiene un ingreso estable. Cifras que van de la mano de datos entregados por la UNESCO: las principales preocupaciones económicas de las personas trabajadores del sector cultural y artístico son pérdida de ingresos derivada de cancelaciones (22%), incapacidad para cumplir con obligaciones con servicios públicos o estatales (16%), pérdida de empleo (12%) y la imposibilidad de cumplir con pagos de deuda y créditos (9%).

Si observamos datos a nivel global, Piergiorgio M. Sandri señala: “Las industrias creativas en el sentido más amplio (libros, televisión, radio, diseño, publicidad, arquitectura, música, cine, videojuegos, edición y artes escénicas) representaban el 2,6% de la riqueza mundial, según datos de la UNESCO, y daban trabajo a 30 millones de personas. Sus ingresos, 1,9 billones de euros, superan incluso a los de la industria de telecomunicaciones a nivel global”. Sin embargo, los datos no oficiales señalan lo desastroso de la situación. En Estados Unidos, por ejemplo, el estudio Covid-19’s Impact on the arts señala que el 96% de los eventos fueron cancelados, generando pérdidas de 10.645 millones de dólares, al incluir también compras menores y gastos en restaurantes relacionados con los eventos y con el 62% de los artistas cesantes.

En Chile, los distintos agentes culturales le solicitan ayudas sociales a un Ministerio que no las puede entregar, la alta informalidad genera problemas con los retiros previsionales que han aliviado a los trabajadores de otros sectores, y la dislocación obvia entre el Ministerio de Desarrollo Social y el de las Culturas genera confusión; la lógica opera en que los artistas creen que deben recurrir a la institucionalidad cultural, mientras la institucionalidad cultural le tira la pelota a la institucionalidad social. De momento, las ayudas aún no llegan: el primer Ventanilla Abierta que lanzaron a mediados de año cerró meses antes debido a la alta demanda y los recursos tardaron mucho en llegar, algo similar a lo que está pasando con las adquisiciones de obras: se prevé que la entrega de recursos se produzca recién en marzo con el recorte del IVA. Si la idea era sacar del apuro a cientos de artistas, la promesa de una adquisición que no llega sólo aumenta la frustración y la incertidumbre de un sector económico golpeado.

Actualmente, las mesas de trabajo entre las distintas agrupaciones gremiales están quebradas con el gobierno; las conversaciones están detenidas: sin un diálogo directo con el Ministerio y con una Ministra que descansa en su subsecretario, encontrar una solución es primordial. Sin embargo, la situación actual saca a la luz otro asunto, que ad portas de un proceso constituyente se vuelve crucial: ¿cuál es el sistema cultural que queremos? Por mucho tiempo, varias agrupaciones culturales han criticado el modelo, refiriéndose a la competitividad, a la arbitrariedad de las evaluaciones, la subsidiariedad, la falta de presupuesto, entre otras. Ante esta situación, la escritora Francisca Rodríguez señalaba en Radio UChile: “El escenario se ve bien negro porque estamos tratando ante la incertidumbre. Esto tiene que ver con cómo repensamos nuestro país para que nos cuide a todos y a todas, y donde todos y todas seamos importantes”.

La pregunta entonces cae de cajón: ¿qué modelo consagraría eso que moviliza nuestras ilusiones? Actualmente, la Constitución le dedica muy poco a la cultura: por un lado, se refiere a la libertad de expresión y, por otro, a los derechos de autor (art. 19 N°25). Sin embargo, es más que obvio que a estas alturas eso se queda corto. Las nuevas condiciones necesitan una nueva institucionalidad. Pero ¿le compete a la nueva Constitución reglamentar estos asuntos? Jaime Bassa, abogado constitucionalista, autor de La constitución que queremos (2019),se refería a este asunto en Palabra Pública: “La presencia de la cultura es marginal en la Constitución de 1980, pues no tiene un reconocimiento que dé cuenta de la riqueza y complejidad de las culturas en el país. La actual Constitución no garantiza ninguna forma de derecho fundamental en torno a la cultura, pues no hay reconocimiento alguno a la dimensión relativa al acceso individual, así como tampoco al papel que cumple la actividad cultural en la vida de las personas y en el desarrollo de la sociedad”.

Por su parte, el abogado Santiago Schuster, académico de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, declaró en La Tercera que existen tres posibles enfoques: uno es el de declarar la cultura como un bien de primera necesidad. Es un enfoque desde el punto de vista del ciudadano, del consumidor, al derecho de acceso a participar. Tenemos el ejemplo reciente de Alemania. El segundo enfoque es del punto de vista del trabajador, quien crea cultura. Y el tercero, es que el derecho a la cultura está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Esto se puede aterrizar a la Carta Fundamental con la incorporación definitiva del derecho a la cultura, y el derecho a los trabajadores de la cultura como un complemento al derecho de la libertad de creación que se encuentra en la Constitución, y también como la declaración de la cultura como un bien de primera necesidad. Me parece mucho más cercano que la cultura como un bien público”, resume Schuster.

El 11 de enero -sí, en tres semanas más- es la fecha límite para inscribir las candidaturas de la votación de abril, pero ¿quién representará las necesidades del sector para movilizar un cambio? ¿Será independiente o irá en una lista de partidos? ¿Será el Chevalier Díaz, Mrs. Aninat, el Queridísimo Zapallo, el Infaltable Duclos, el Incombustible Rivera o el actor/diputado que quiere ser ex diputado para convertirse en constituyente? ¿Será Wyskiel desde el norte o Javiera Ureta desde el sur, o acaso un young curator desde el centro? ¿Vendrá de la sociedad civil o del mundo privado? ¿Será Antenna Corps o usted, quien lee esto? Lo cierto, es que ya sabemos quién representa a la Vega Central, las ideas conservadoras, el mundo social, al mundo de los emprendedores, el del trabajo doméstico, conocemos las intenciones de la Tía Pikachú, del mundo progre y del no tanto, de quienes quieren cuidar el agua, el sur de Chile, de quienes están interesados en temas relacionados al género y la migración.

Sin duda, estos tiempos necesitan de la generosidad más grande a la que el campo del arte se haya visto enfrentada en el último tiempo, una que logre conciliar intereses tan dispares como los de AGAC y ACA, que consiga establecer diálogos entre agentes cuya disposición se centran en la cultura más allá de las adjetivaciones siempre un poco flojas y ramplonas. En quien o quienes recaiga esta tarea tienen la noble misión de empujar un cambio estructural que amortigüe la situación actual a largo plazo; el tiempo apremia y la amenaza de que la responsabilidad recaiga en un curator cota mil se avecina.

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José Tomás Fontecilla

Nace en Santiago de Chile. Es Licenciado en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Chile. Como investigador ha desarrollado indagaciones en torno al patrimonio desde el CEPA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha trabajado en la Bienal de Artes Mediales, el Museo de Arte Contemporáneo y en galerías en Santiago desde el año 2015. Ha publicado en las revistas Tonic, Arte al Límite, The Living Form, entre otras. En 2018 fue becado por el Patronato de Arte Contemporáneo (PAC) y Proyecto Siqueiros/Sala de Arte Público para participar en la Escuela de Crítica de Arte de La Tallera.

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