COLECCIONES DE ARTE: ACTIVO O LEGADO. LA LUCHA ÉTICA DE VENDER EL PATRIMONIO PARA CUSTODIARLO

Tendemos a romantizar la promesa que nos hacen los museos de arte en su carácter de fideicomisos públicos. Estas instituciones custodian, exhiben, estudian y educan sobre el acervo cultural de las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, esta promesa a veces se debilita frente a presiones financieras, donde presupuestos precarios enfrentan la tentación de traicionar ese voto. Este texto pretende explorar los códigos éticos y culturales alrededor de la práctica del deaccessioning, o desincorporación de obras de una colección, como estrategia de supervivencia.

Todos los museos tienen una línea curatorial que guía sus procesos de adquisición y sus programas de exposiciones permanentes y temporales. Año tras año, se rebuscan alianzas público-privadas que permitan financiar esta misión. No obstante, dentro de los costos de un museo no solo figuran la gestión de exposiciones y la adquisición, manutención y preservación de obras, sino también gastos operativos como servicios públicos, infraestructura, salarios, seguros y softwares, entre otros. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estas alianzas para obtener recursos son tan débiles que se genera una crisis de subsistencia? ¿Puede la supervivencia ser una razón legítima para desarticular una colección?

El debate sobre la desincorporación de obras está delimitado por dos marcos éticos principales que estructuran las buenas prácticas en los museos, ambos sustentados en la idea inquebrantable de que los museos son un fideicomiso público inalienable.

Por un lado, está el ICOM (Consejo Internacional de Museos), una organización no gubernamental que establece parámetros éticos y profesionales para el sector. En sus lineamientos se reitera que la desincorporación debe ser excepcional, transparente y bien documentada. El ICOM también insiste en que los ingresos resultantes deben destinarse exclusivamente a la adquisición de nuevas obras o, en casos extremos, a la conservación de la colección existente. En ningún caso contempla el uso de estos recursos para fines operativos, pues ello no solo devalúa el patrimonio cultural, sino que además genera desconfianza en el público.

En consonancia con este rigor, se encuentra el marco normativo de Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México), liderado por la AAMD (Association of Art Museum Directors), que establece directrices éticas estrictas respecto a objetivos, principios, procedimientos y procesos para la operatividad de la institución museo.

Históricamente, la AAMD ha permitido la desincorporación exclusivamente para adquirir nuevas obras. Durante la crisis del COVID-19 se hicieron excepciones temporales, autorizando que esos recursos se destinaran a amortiguar costos asociados directamente a la gestión. Estas excepciones fueron duramente criticadas, lo que reafirma la postura ética de evitar la venta como solución a una gestión deficiente.

Volviendo al debate central, observemos esta tensión ética y financiera a partir de un ejemplo reciente. Entre 2023 y 2024, el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), en Colombia, decidió vender dos obras de la pintora antioqueña Débora Arango (1907–2005): Rojas Pinilla (1944) y Madona del Silencio (1953–1957). Ambas fueron ofrecidas al Museo del Banco de la República.

La directora del MAMM, María Mercedes González, justificó la venta con tres razones: primero, que las 240 piezas de Arango en el acervo eran demasiadas (habían sido donadas por la misma artista entre 1986 y 1987); segundo, que el museo no tenía la capacidad de exponerlas permanentemente a un público amplio; y tercero, que su venta permitiría mejorar la gestión del resto de la colección.

Los argumentos “culturales, pedagógicos y ciudadanos” expuestos por el MAMM fueron rotundamente negados por el Ministerio de Cultura de Colombia, basándose en dos puntos centrales: las obras habían sido donadas por la artista como un conjunto indivisible, y además habían sido declaradas Bienes de Interés Cultural (BIC) de la Nación en 2004, lo que otorgaba a la colección un carácter de unidad.

Aunque la venta fue negada, se acordaron comodatos y préstamos para muestras itinerantes, lo que generaría recursos y visibilidad sin necesidad de desincorporar las piezas. Este caso muestra que, aunque la desincorporación se rige por códigos internacionales, no es un asunto de blanco o negro: cada situación requiere un análisis particular. Con todo, este caso evidencia la tensión entre la protección de un patrimonio indivisible y la gestión financiera de los museos en Latinoamérica.

Sin duda, la región enfrenta un desafío, y estas son algunas de las preguntas que aún me surgen:

1. ¿Es más tentador o justificable el deaccessioning en países con menor apoyo estatal a la cultura?
2. ¿Se vuelve la venta de obras, mediante procesos de desincorporación, un subsidio gubernamental encubierto ante las fallas de financiamiento cultural?
3. Si los museos justifican la venta para cubrir costos operativos, se crea un precedente que debilita el código ético del ICOM. ¿Podría esto desencadenar un riesgo sistémico o un efecto dominó que anule su autoridad en la región?
4. ¿Están los museos e instituciones actualizados en modelos de financiación innovadores, como el crowdfunding o los fondos patrimoniales de largo plazo, que permitan alianzas público-privadas más robustas?
5. Si la desincorporación va a permitirse en algunos casos, ¿debería existir la responsabilidad de ofrecer primero estas piezas a coleccionistas o instituciones nacionales para garantizar que permanezcan en el país?

En conclusión, la disyuntiva de la desincorporación no es un asunto meramente económico ni administrativo: es, ante todo, un dilema ético que debe revisarse con atención, pues podría sentar un precedente desastroso. La hoja de ruta para estas decisiones debe ser transparente y coherente, acudiendo a esta práctica únicamente como último recurso para solventar deudas en el corto plazo. Se requiere un trabajo conjunto y una responsabilidad compartida en la adquisición, cuidado, crecimiento y permanencia de las colecciones, pues es la historia colectiva la que realmente se ve comprometida por este tipo de decisiones.