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El Negocio de los Fondos de Cultura

Hace unos días se dieron a conocer los resultados oficiales de los Fondos de Cultura chilenos, entre éstos Fondart, repitiéndose aparentemente la tónica de todos los años: su publicación corresponde a uno de los anuncios más esperados por creadores, investigadores y gestores de distintas áreas culturales. Y, también como todos los años, nuevamente este anuncio no estuvo exento de polémicas ácidas que activan el descontento del sector. Algunos ganan, otros pierden, y la lotería artística es repartida con un sabor amargo.

Miles de palabras se han escrito sobre los aclamados Fondart, la gran mayoría experimentando naufragios en las redes sociales y los sitios de internet. En primera instancia, podemos reconocer que existe una suerte de consenso generalizado sobre una premisa categórica: los Fondos de Cultura tienen algo enfermizo que requiere, con urgencia, ser corregido. El diagnóstico suele poseer matices, pero la gran mayoría de estas voces evidencian lo agotado que se encuentra el instrumento de fomento. Sus apoyos se han materializado en tendencias hacia la proyectología de corto plazo, esto es, la articulación de proyectos de duración breve y con pocas capacidades de continuidad, con lo cual los frutos rendidos por este fomento son especialmente frágiles. Pero más que ello, la eventualidad de la entrega de resultados arroja polémicas sobre el tipo de beneficiados y sus estrategias de producción de capital cultural.

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Cortesía: Fondos Cultura

En primer lugar, hemos de dimensionar cuál es la función y alcance del Fondart. Su diseño base evidencia que no es una herramienta realmente posibilitada para resolver todos y cada uno de los problemas políticos de la cultura, sino operar en un escalafón mucho más modesto. Su aplicación práctica es útil para “proyectos”, no para la construcción de tejidos culturales o artísticos de mayor duración, lo cual también se puede decir de sus polémicas líneas dedicadas a asuntos de economía creativa; dudemos, igualmente, de su efectividad como instrumento para construir “emprendimientos culturales”. Su cáliz relativo a la financiación de proyectos hace, como es de esperarse, que se aplique preferentemente a propuestas con resultados directamente apreciables en el corto plazo, no siendo de su especial intención apoyar la continuidad de dichas iniciativas. Es por ello que la salud de un sinfín de colectivos y organizaciones culturales vive y muere según los vaivenes de uno u otro beneplácito anual, situación dramática que se diagnostica fácilmente cuando se estudia la empresarización y desarrollo laboral de los trabajadores de la cultura.

Siguiendo lo anterior, es igualmente evidente la focalización de recursos y esfuerzos retóricos (con notables ejemplos de mala redacción de las bases) que los Fondart manifiestan año a año. La herramienta ha ido evolucionando para modernizarse y en el transcurso ha demostrado ser una figura que, como toda gran iniciativa pública, no es neutra a determinadas ideologías. En estas inclinaciones, la creación de líneas y modalidades relacionadas con fomentos económicos e industriales es abrumadoramente notoria, aspectos que el Fondart ha ido robusteciendo en tamaño presupuestario y demostrado una desregulada ampliación. Es desregulada ya que indica típicamente la carencia de criterios específicos para la postulación –crece de forma inorgánica-, utilizando formularios y evaluaciones peligrosamente similares entre aspectos vinculados a la creación y otros relacionados al mercado. Aquello se materializa como una miopía al momento de realizar lecturas sobre el escenario cultural, no diferenciando categóricamente aquellos asuntos industriales de los propiamente creativos (para los cuales fue inicialmente gestada la herramienta). Son estas parcelas del Fondart las más criticadas históricamente y, pese a ello, las más fortalecidas periódicamente, pero sin detenerse a regularizar esta manifiesta ampliación y sus efectos prácticos. Comencemos, entonces, por ver a los ojos el campo ideológico de este aparataje. Dejemos de fantasear con un milagroso vuelco de enfoque, porque el Fondart es una estructura cimentada en cierta perspectiva económica.

En segundo lugar, dirijamos la atención hacia un asunto de responsabilidad. Fondart se encuentra administrado por un servicio público simbólico, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), siendo éste la sede del diseño o articulación de políticas públicas culturales de Chile: es el aparato locomotor por medio del cual el Estado nos garantiza un derecho a la cultura. El Estado es el responsable último que opera como un telón de fondo para la teatralización política, siendo el CNCA el edificador de esta institucionalidad. Sin embargo, lo que en la práctica encontramos es la relativa inexistencia de una real institución cultural.

El Estado chileno es manifiestamente subsidiario. Es su principal estigma, un estigma firmado con una dictadura cívico-militar que aún no nos abandona. Este trauma violento no sólo se manifestó en los huesos y en la carne de miles de detenidos desaparecidos, sino que también irrigó la normativa y estética social. No es baladí que el principal eslabón regulatorio, la Constitución Política, haya sido la mayor artificación de este periodo: vivimos hasta el día de hoy bajo reglas tramposas pensadas por unos pocos. En este sentido, la lógica subsidiaria del Estado implica un hábito cotidiano hacia la pasividad, relegando cada vez más la dirección de los asuntos públicos para los grupos intermedios. Estos grupos intermedios son la piedra angular defendida por el principal pensador de nuestra Constitución Política (Jaime Guzmán), y responde a las tradicionales agrupaciones privadas que protagonizan el desarrollo de la nación. Ocurre en la salud, ocurre en la educación y, desde luego, ocurre en las artes. Por medio del CNCA, el Estado chileno demuestra su pasiva irresponsabilidad en torno a sus funciones mínimas, relacionadas con la protección de estándares comunes que controlen la vorágine del capitalismo tardío.

Lo anterior se expresa de principio a fin. En el CNCA se evidencia al constatar que, más que una institución orgánicamente robusta, es un triste cascarón trasvasijado. La mayoría absoluta de sus recursos son redistribuidos por medio de Fondart, instancia gracias a la cual el CNCA traspasa su responsabilidad hacia los cientos de “ganadores” de este premio. Así, los particulares que se convierten en responsables de la ejecución de estos proyectos vienen a llenar el vacío de una institucionalidad cultural que debiese construir políticas especialmente públicas, más no simplemente focalizarse en la administración de un pozo millonario para el trabajo cultural. El Fondart es la vía ideal para que el Estado perpetúe su agujero de sentido; el Fondart es el pretexto ideal para hacer de lo público una oportunidad de negocio.

En tercer lugar, se debe observar con especial atención la naturaleza concursable del Fondart. La asignación de sus recursos se otorga por medio de un concurso abierto a todo tipo de postulantes, desarrollándose una lógica competitiva que prima por sobre todos los criterios preestablecidos. En este sentido, las etapas que debe sortear todo proyecto llegan a un punto en donde debe enfrentarse a otros de sus pares, intentando cuidar una competencia bajo reglas igualitarias (misma línea, área y modalidad). Pese a ello, todas las evaluaciones de coherencia, calidad, impacto y otras más alcanzan un tope: se deben distribuir fondos limitados para una gran cantidad de proyectos elegibles. Esta función competitiva alberga el sustrato según el cual los concursantes intentarían superarse a sí mismos, pero tiende a traducirse en la clásica disputa donde “uno le quita al otro”; una mínima diferenciación de puntaje puede producir que todo un grupo de actividades culturales de alto nivel no sean realizadas en determinado año.

La idea de concurso también supone un combate silencioso entre todo tipo de trabajadores de la cultura, en donde se agrega el componente más perverso: los evaluadores también pertenecen al circuito corriente de las artes. Así, no sólo deben convivir ideas disímiles entre distintos colegas, sino que también serán los mismos pares de estos los que tendrán la responsabilidad de poner término al concurso. La carrera culmina y, como es de esperarse, el Estado subsidiario hace galardón de su pasividad, resolviendo una estructura concursal donde los culpables de todo juzgamiento sean los mismos trabajadores culturales. Esta ficción sutilmente perfilada es la que subyace en la gran mayoría de los polémicos anuncios anuales sobre los ganadores de Fondart, pero que disfraza convenientemente el vacío que deja la institucionalidad.

El ejemplo más claro de los puntos ya referidos es el actual descontento por el proyecto de CorpArtes. La iniciativa se adjudicó una importante suma de dinero en una línea que fomenta espacios de industria, siendo patrocinada por una persona jurídica vinculada a un relevante grupo bancario (CorpBanca). Dada la carencia de reales criterios que diferencia, desde su estructura, los Fondart dirigidos a la creación de aquellos que se dirigen hacia el mercado, todo individuo o agrupación puede aplicar a este tipo de apoyos fiscales, independiente de sus fines de lucro o de sus redes privadas de financiación. La ausencia de estas necesarias discriminaciones (en tanto distinciones que no son arbitrarias, sino que se justifican por razones de política económica) genera una situación en donde un grupo bancario compite “en iguales condiciones” con organizaciones precarias de gestores y creadores, todo ello validado y maquillado por la competencia Fondart.

El caso de CorpArtes representa el fruto más esperado del desarrollo de Fondart. Manifiesta su inclinación ideológica, su crecimiento inorgánico, su insuficiencia a largo plazo y, desde luego, la extraña relación público-privada de estos instrumentos. Sobre este último punto, quisiera discurrir en la última parte de esta columna.

Fondart no es el único instrumento con financiamiento fiscal que se desplaza hacia al sector privado. Hay un sinnúmero de casos en otros rubros en donde el Estado decide apoyar a particulares, incluso a aquellos que persiguen fines de lucro, consagrando una abierta negociación entre ambas parcelas. En esta situación, a primera vista, se gesta una malversación perversa que cualquiera podría identificar como una distracción de los caudales públicos amparada por la legalidad chilena. No obstante, las segundas miradas al problema advierten inmediatamente que existen otros factores, como el desarrollo de industria y la función pública: el Estado no es el único que vendría a generar crecimiento industrial, ni tampoco el único que posee vocación pública. Las distintas industrias dinamizan los rubros productivos, mientras que las agrupaciones privadas también pueden desempeñar proyectos con sentido público. O eso, al menos, es el velo que se da en la teoría.

Para el caso cultural, Fondart apoya líneas de desarrollo de industrias creativas bajo una esperanza similar. La inyección de dineros fiscales en manos de privados sería virtuosa, siempre y cuando dichos privados den garantías de su uso en pos del crecimiento laboral del rubro. Esta hipótesis es la que, insistentemente, se diseña en los diversos informes y análisis de políticas culturales; la empresarización se convierte en la mejor opción al momento de asegurar estabilidad y seguridad para los trabajadores de la cultura. A su vez, también se ha querido asumir que todos los postulantes a Fondart poseen nobles intenciones con función pública, pese a que deseen asegurar sus propios intereses en el transcurso. Lo cierto es que, en la práctica, año tras año proliferan las universidades privadas, las sociedades mercantiles, las galerías comerciales y los grupos empresariales entre los ganadores del Fondart, surgiendo naturalmente una duda razonable sobre estos esperados efectos. Este diagnóstico general culmina con la obvia advertencia de lo que la herramienta ha dado lugar: un fértil instrumento para que negocios de diversa índole reciban dinero fácil y, qué mejor, compitiendo con simples artistas.

La solución que propongo para todo lo antes dicho es igualmente esperable. El Fondart debe reformularse como instrumento que regrese hacia su foco creativo, reconociendo su insuficiencia como articulador de políticas públicas culturales y, más aún, como promotor de la industrialización. En esta diferencia también subyace la lógica de, por lo menos, organizar una competencia más justa: distinguir entre actividades creativas de las meramente mercantiles es clave para generar instrumentos y reglas más adecuadas a cada una de ellas. Hasta este punto, Fondart ya no puede seguir siendo la única herramienta y la sociedad civil ha de reconocer que se encuentra agotado. En su lugar, se debe demandar la generación de nuevos instrumentos que convivan con Fondart pero que posean objetivos distintos, como fomento a proyectos de larga duración o apoyo serio hacia organizaciones positivas para el sector. La demanda de estas instancias no responde a una mera fantasía de un mundo ideal, sino que emana del ejercicio de un derecho a la cultura: el Estado chileno debe hacerse responsable y no sólo perpetuar frívolas competencias organizadas por instituciones delicadas.

Igualmente, se deben generar discriminaciones necesarias que apunten a proteger el sentido de lo público. Las instituciones bancarias y las distintas sociedades mercantiles que se financian con dineros fiscales deben aprender a usar otros instrumentos, como el actual sistema de Donaciones Privadas con Fines Culturales. Esta última estructura es clave también para dinamizar el sistema de inversión privada dirigida a la cultura, siendo también más coherente con la esperada subsidiaridad de nuestro sistema político. El Estado podría, en este sentido, apoyar la utilización de dichos instrumentos para construir una cultura que eduque al empresariado a generar responsabilidad social, invitándole a ser partícipe de estas propuestas y a realmente construir funciones públicas. Estas herramientas están, pero Fondart sigue siendo un mejor negocio que, inocentemente, aspira a no generar distinciones necesarias entre postulantes y sus objetivos. No se trata, por ende, de excluir a estos actores en la construcción de capital cultural, sino de ubicarlos bajo las reglas que les son más propias.

Estos son, entre muchos otros, los desafíos que se plantean para la primera real institucionalidad cultural que se encuentra en gestación (el Ministerio de la Cultura y el Patrimonio), pero que debe partir por un diagnóstico crítico que también reconozca las limitaciones del Fondart. La construcción de criterios de realidad sobre esto y la necesaria concientización sobre el rol del Estado son fundamentales para la elaboración de políticas efectivamente públicas y fomentos realmente culturales.

Francisco Villarroel

Estudió Derecho en la Universidad de Chile. Asesor jurídico de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (ANFUDIBAM) y del Sindicato de Trabajadores del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Miembro del comité de especialistas del FONDART Nacional de Artes Visuales.

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