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La Marcha de las Estatuas

Nuestro recordado colega argentino Jorge Tartarini retrucaba hace un par de años la famosa frase de Bill Clinton, titulando su columna en Página 12 como “Es el patrimonio, estúpidos.” Ahí hacía un punto respecto de los procesos de valoración económica del patrimonio en un esquema desarrollista, que le pide al sistema de toma de decisiones demostrar un mínimo de racionalidad, considerando al patrimonio como un activo de la sociedad en su conjunto.

Releyendo ese texto, y visto lo visto en nuestras ciudades durante las últimas semanas, algunas airadas voces han reclamado el derecho a que sus monumentos vivan en paz, recordándonos de pasada que la palabra patrimonio tiene una matriz conceptual cuya filiación económica la vincula con una ingente acumulación de capital, lo que no es inexacto si nos referimos a un tipo particular de patrimonio, caracterizado por una condición material tanto mueble como inmueble. De ahí que uno de los síntomas de la crisis en que estamos sea el estado del patrimonio cultural, desde su concepción, valoración y apropiación, cuestión por la cual, para algunos, hasta las estatuas deberían movilizarse y marchar ante el riesgo de caer de sus pedestales para ser transformadas e intervenidas sin el control de las agencias que cooptan su sentido y administran privilegiadamente su valor.

En medio de esa disputa aparece la responsabilidad fiscal, recordando que los monumentos están protegidos por la ley, misma que en estos momentos se está intentando modificar con una urgencia acumulada que ha devenido en ansiedad, tan consensuada para algunos como sospechosa para otros.

El destino de los monumentos en el espacio público no depende sólo de su durabilidad emanada de inversiones materiales en un desafío a las inexorables leyes de la obsolescencia. De ahí que intervenirlos desde cualquiera de las trincheras metodológicas posibles sea una cuestión de tiempo y recursos.

Así, pareciera que el problema no son los monumentos, sino las leyes.

Las leyes están sancionadas por una institucionalidad republicana cuya expresión democrática representativa está en una evidente crisis. Además, los diagnósticos sectoriales respecto de sus debilidades e insuficiencias para con el patrimonio han sido ampliamente discutidos y difundidos desde hace al menos dos décadas. En consecuencia, en esta ocasión pasamos de ellas.

El patrimonio es conflicto, disenso, tensión permanente. Estas afirmaciones, que parecen contra intuitivas y hasta provocadoras, se despliegan en el conflicto entre monumentos y estatuas que se desata cada vez que la invocación de una categoría de la Ley de Monumentos se refiere a objetos específicos de la especie escultura y del tipo antropomórfico cuando deben ser instalados en el espacio público con el beneplácito técnico de esos pocos que, en estas materias, revisten el rol tutelar estatal delegado con el fin de “estimular” acciones que promuevan ciertas condiciones, y ello en virtud de la Constitución. De esta manera, el problema no son las leyes sino su marco referencial, o sea, la Constitución.

Durante el pasado gobierno de la Presidenta Bachelet fuimos testigos de cómo el proceso constituyente levantó en su agenda nítidamente el tema ambiental y, tras él, la cuestión del patrimonio cultural.

Hay fuentes de ello recogidas en páginas de conspicuos diarios capitalinos que celebraban la madurez de las demandas ciudadanas sobre sus derechos y anhelos, todo en un tono curiosamente desmovilizador respecto de otras demandas aparentemente más disociadoras para la agenda de esos medios, cosa que no quisieron ver quienes están –aún hoy– aferrados a sus privilegios patrimoniales.

Recuerdo haber insistido en su momento que el Consejo de Monumentos Nacionales es una institución tan técnica como política, ante el estupor de consejeros y el malestar de funcionarios.[i]

Varios diagnósticos de esta crisis radican precisamente en la pretendida ilusión de que las soluciones ecuánimes para el desarrollo social están en la aplicación de tecnocracia sin política, reduciendo todo a un conflicto excluyente entre iconolatría versus iconoclastia monumental. Así cómo nos va.

Las marcas de ese conflicto excluyente están en la violencia simbólica producida por las borraduras continuas que, como en un palimpsesto, dan cuenta de la vulnerabilidad de nuestra sociedad

¿Cuántos terremotos tenemos en el cuerpo? ¿Cuántos son naturales y cuántos, digamos, artificiales, por no decir humanos?

El patrimonio nos enseña a vivir en resiliencia. El reconocimiento del patrimonio inmaterial ha demostrado que los rituales promueven la inclusión de las comunidades, por lo que la dimensión colectiva es una de sus expresiones más trascendentes. Y saber vivir juntos es un arte: el arte de la política. Entonces, el problema no es la Constitución, sino la política.

No repetiremos lo que hemos difundido en textos académicos disponibles, pero sí debemos recordar al menos el título de uno de ellos: “Cuando todo es patrimonio, todo es política”[ii], donde expusimos los argumentos históricos sobre la forma como en nuestro país el otrora monumentalismo estaba orientado a ilustrar el discurso de la historia.

Ahora que la propuesta de modificar la ley nos deja en la antesala de una transición al paradigma patrimonial, es evidente que éste no solo ilustra la representación de la historia, sino que también configura una representación de la memoria. Y sabemos que la diferencia entre una y otra radica -entre otras cosas- en el control de un discurso que emana y se disemina desde el reconocimiento a los sujetos. Por tanto, los monumentos, que son objetos, siempre serán evaluados en su eficiencia social desde la intersubjetividad que moviliza el derecho al recuerdo de cada cual.

El problema con ese cada cual es que la actual polarización excluyente de las élites es proporcional a la convicción incluyente del resto. Ese resto que demanda derechos. Como por ejemplo el derecho a la historia, que ya es una batalla declarada desde el reduccionismo tecnocrático del formato mono curricular de nuestra educación formal. O el derecho al patrimonio construido. La convicción de que solo algunas construcciones son arquitectura y una mínima parte podría devenir en patrimonio lo hace un bien escasísimo, por lo que el derecho a habitarlas, o recorrerlas si quiera, es de suyo excluyente. Eso explica que su valor cultural, simbólico y representacional nos permita recrear su experiencia en ideas e imágenes, posibilitando su reproducción, ya que, así como el patrimonio natural se puede multiplicar como la manera más eficiente de su preservación, el patrimonio cultural permite que bienes únicos e irrepetibles se multipliquen en la medida que se compartan. El viejo truco –propio de las economías medievales– de acumular propiedades para resguardar un valor no tiene sentido en una sociedad post industrial donde el saber comparte bienes para multiplicar su valor.

Otra lección que hemos aprendido del patrimonio natural es cómo la justicia social nos ha movilizado detrás de una conciencia ambiental.

Recordemos que ya presenciamos su malestar en nuestras calles: Pascua Lama fue aprobado el año 2006 y frenada finalmente por la movilización ciudadana de 2017. Hidroaysén fue aprobado el año 2011 y, luego de un impacto social acumulado en varias jornadas de protestas, fue desestimado en 2014.

El mismísimo festivo y alegre Día del Patrimonio comenzó a albergar un malestar a partir de unos años a la fecha, incluyendo marchas dentro de su parrilla programática. Ya no basta con merodear el patrimonio y, tal vez, informarse con unos contenidos ocasionales. Ya no basta con acercarnos al aura del poder, como literalmente esperan muchos haciendo largas y fatigosas filas para pasar fugazmente por el interior de La Moneda. Mientras solo unos pocos la habitan en turnos administrando la autoridad y otros muchos menos la sobrevuelan infundiendo el control del poder.

Ello nos recuerda que en el origen de la crisis actual hay un fracaso en la posibilidad de compartir esa autoridad y ese poder delegado por todos en unos pocos. Y aquí nos damos cuenta de que, en tanto bien común, es el patrimonio –queridos estúpidos– el que ofrece la posibilidad de repartir sentido, ya que se reproduce a través de relaciones sociales, prácticas colectivas y afecciones entre sujetos.

Luego, el problema no es la política, es la desigualdad. Y por eso hasta las estatuas marchan.

 


[i] El autor fue el último Secretario Ejecutivo del CMN, después de lo cual el cargo se homologó a un Secretario Técnico.

[ii] NORDENFLYCHT, José de (ed.) Estudios Patrimoniales, Ediciones UC, Santiago, 2019.

*

Imagen destacada: Estatua del Monumento a Baquedano en la Plaza Italia, Santiago de Chile, renombrada por manifestantes como Plaza de la Dignidad tras el estallido social de octubre de 2019. Autor desconocido (se agradece contactarnos para dar el respectivo crédito)

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José de Nordenflycht Concha

Nace en Chile en 1970. Es Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina. Profesor universitario y consultor en proyectos de planificación, investigación y capacitación en patrimonio cultural. Ha sido Presidente del Comité Chileno del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS y Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales. Es autor de los libros "Patrimonio Local" (2004), "Post Patrimonio" (2012) y "Patrimonial" (2017).

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