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La Irresponsabilidad de M100:sobre el Rol de las Instituciones Culturales en Chile

Por primera vez en un buen tiempo, la gestión de espacios expositivos, museos y centros culturales en Chile es objeto de revisión a escala pública. Paulatinamente, los detalles sobre políticas públicas aplicables a estos espacios no sólo se han convertido en demandas ciudadanas, sino que se transformaron incluso en agendas presidenciales con escaso cumplimiento a la fecha. Esta contingencia se ha visto acompañada de las recientes polémicas de la clase política, movimientos y partidos que comienzan una oleada de revisiones ante la justicia y los servicios fiscalizadores; en su conjunto, la crisis de confianza en las instituciones es una realidad cotidiana que engloba a todo tipo de ciudadanos, y que toca igualmente al mundo artístico.

Sobre la lógica de las polémicas y sus distintas consecuencias, la escena de artes visuales ha visto silenciosa el resultado de una más de sus célebres instancias participativas: los afamados concursos públicos, usados como herramientas de toda índole. Pero no cualquier concurso es al que deseo hacer referencia, sino al específicamente convocado por el Centro Cultural Matucana 100 (M100) para el cargo de curador del área de artes visuales, proceso de larga duración que no ha terminado libre de altercados. Inclusive la prensa general cubrió, con una tendenciosa nota, lo que correspondería a una suerte de concurso deformado, llevado con poca prolijidad y deja entrever que su resultado posiblemente injusto. De esta polémica me interesa hacerme cargo, más bien, como el problema de fondo que implica para el sector.

M100 es una institución privada sin fines de lucro que, como tal, posee autonomía de programación y está exenta de la fiscalización estatal. Sus decisiones se guían por medio de un directorio y diversos puestos ejecutivos al interior de áreas temáticas, sin perjuicio de lo cual llevan una gestión en constante diálogo con las instituciones gubernamentales. Anualmente, concursan y ganan varios fondos del Estado, justificando dichos financiamientos en razón de su labor en beneficio de la generación de audiencias, el desarrollo de las artes y su enfoque contemporáneo, objetivos rimbombantes que apuntan a un rol como organización de visibilidad pública. M100, mal que mal, no se perfila como una empresa privada con fines autocomplacientes, sino que apunta su accionar en necesaria relación con la comunidad y cultura pública, pese a su naturaleza jurídica específica. Comprender esto es clave para pensar el rol y sentido de una institución cultural con la nomenclatura que se le quiera dar: en tanto institución, guarda deberes para con lo público que no deben ser evadidos ni tergiversados.

En el referido concurso, M100 llama a un extenso periodo de postulación para llenar la importante plaza de curador para su área de artes visuales, para lo cual se publicitaron las bases que regirían las reglas del concurso. Estas bases definen el marco según el cual no sólo se recibirían los proyectos curatoriales, sino que también expresan el perfil profesional al cual se deseaba apuntar, siendo un documento que se dirigía, al menos a nivel abstracto, hacia un “tipo” de curador. Las bases eran breves y muy claras, dirigiéndose a curadores chilenos o extranjeros con residencia permanente en Chile y, por consiguiente, excluían perfiles de profesionales extranjeros sin residencia. En este sentido, con el concurso se aspiraba a recibir postulantes más bien locales, conectados con el circuito criollo y empapados, de una u otra manera, de la cultura nacional. O al menos eso era lo que se podía colegir.

No obstante estas primeras bases, el concurso presenta una deformación que lo lleva, a medio camino, a incluir “aclaraciones” y posteriores modificaciones que alteran las reglas iniciales del juego. La partida iniciada por los diversos concursantes cambia de normas de una forma sorpresiva y origina las más diversas acusaciones que, hasta el día de hoy, sostienen la polémica en un plano superficial. Fruto de este cambio en las bases, la convocatoria culmina nombrando a un curador extranjero que, según la primera versión de las bases, se encontraba totalmente descalificado; gracias a esta rectificación, M100 hizo posible el nombramiento de Paco Barragán como su nuevo curador estrella, justificando esta alteración en nombre de la calidad de su propuesta y su perfil internacional. Paco Barragán ha compartido varios lineamientos de lo que incluye su plan de gestión de dos años, el cual apunta a la internacionalización y a la presentación de artistas de prestigio internacional para activar el espacio de M100. Esto, nuevamente, no se encuentra en el seno de esta discusión, sino que la convierte en una situación aún más distópica.

La gravedad del proceso así descrito no se encuentra en la pugna personal por uno u otro curador, ni en las competencias profesionales que dibujaban uno u otro proyecto. Lo conflictivo no yace, como se hubiese esperado, en la propuesta curatorial como tal, sino que se desplaza hacia el fondo de lo mencionado en un comienzo: cómo juzgamos el comportamiento de una institución y la forma en la cual ésta se comporta.

Pretender llevar esta polémica a una decisión moral individual –o a un juicio sobre ganadores y perdedores de un concurso aislado- es desconocer la función ética que juega una organización como M100. Las instituciones tejen un accionar ético que es difícil de percibir a primera vista, pero que es claramente constatable por medio de instancias como las mencionadas. Por medio de certámenes, exhibiciones, convocatorias y declaraciones, las instituciones se ofrecen a la ciudadanía y se reconocen en la misma como un actor relevante en el medio, generando con lo mismo efectos y responsabilidades de amplia envergadura. Si su pretensión es impactar en la realidad social y generar el tan reseñado desarrollo cultural, han de saber reconocer que sus actos poseen consecuencias. En este especial sentido, lo primordial de la actual polémica recae en un plano ético integrado por diferentes vectores, tales como la coherencia de los postulados, la probidad de las decisiones y el carácter de las opiniones de M100. Acusada de haber realizado y fallado un concurso previamente arreglado y de modificar las bases deliberadamente para beneficiar la postulación de Paco Barragán, M100 no ha sabido más que responder condenando toda crítica como “maliciosa” y escudándose en una discrecionalidad sin responsabilidad alguna: su convicción es la de una institución que, en tanto privada, es libre de hacer lo que desee.

La instalación de discursos con esta debilidad es lo realmente grave que queda tras este tipo de altercados. En efecto, el directorio de M100 no guardaba ningún “deber” de celebrar un concurso público como tal y, por ende, bien hubiese podido privilegiar directamente a Barragán simplemente designándolo, pero escoge operar mediante concurso sin asumir las reales consecuencias de ello. La arbitrariedad de toda modificación de bases mientras no ha culminado una convocatoria es abiertamente una alteración injusta, la cual deforma el sentido de certeza mínimo del inicio del concurso y se convierte, sin más, en una burla hacia la seriedad de las postulaciones. Bajo un criterio estricto de justicia y eticidad, esta truncada convocatoria debiese acarrear sencillamente su invalidez: la firmeza con la que se exige la responsabilidad institucional debe ser igual en todos los ámbitos, ya que las instituciones tranzan con el valor de lo público y juegan con el sentido de la participación.

No obstante lo anterior, se ha vuelto cotidiana la escasa o nula reacción que posee el circuito ante este tipo de prácticas institucionales. La falta de cohesión o de asociatividad representativa culmina por consolidar un cuerpo ciudadano frágil, con poco peso crítico y excesivamente individualista. En dicho sentido, el contraste más curioso es que instituciones como M100 apoyen programas como Proyecto Trama –dirigido a la profesionalización de los trabajadores de la cultura- mientras, por otro lado, reproduce prácticas irresponsables que le restan agencia política a su sector. La triste crónica culmina en una multitud de artistas habituados a relacionarse con las instituciones sólo como postulantes pasivos, tecnócratas del llenado de distintos formularios, pero silenciosos ante las injusticias que los atañen. La ausencia de voces que exijan responsabilidad seria (y no el mero reconocimiento de “errores técnicos”) marca una pregunta concreta sobre el rol del agente de artes visuales en Chile, temeroso de quedar mal con las organizaciones que a futuro podrían otorgarle su dieta, y acostumbrado a tragarse su descontento cotidiano con las malas prácticas. Aquello es el fin último que ha de resguardarse en un concurso en tanto público, el cual apela a una transparencia que apuesta confianza y arriesga una imagen profesional. Ausentándose la noción sobre lo que implican estas circunstancias, podemos concluir que M100 abandona el principal valor que lo convierte en institución y se degrada, precisamente, a espacio de mera oferta cultural como capital ideológicamente neutro.

El rol de un centro cultural no se agota en la entrega de contenidos de alta calidad, sino en la estrategia formal de su entrega y, especialmente, en el cultivo de sus relaciones con el circuito artístico al que atiende y se dirige. Sin la presencia de esto, la irresponsabilidad de M100 viene a demostrar, precisamente, la ahuecada profesionalización de las artes visuales en el último periodo y el mezquino compromiso que las instituciones tienen con sus interlocutores. En ese escenario, difícilmente podremos avanzar hacia un aparataje mayor sobre una política generalizada para la cultura, las artes y el patrimonio, futuro para el cual los centros culturales han aparecido como las principales herramientas de masificación. Seguir creyendo que el sólo hecho de organizar concursos públicos subsana toda urgencia política de probidad y participación es, evidentemente, la más insostenible falacia de nuestro panorama cultural actual.

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Francisco Villarroel

Estudió Derecho en la Universidad de Chile. Asesor jurídico de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (ANFUDIBAM) y del Sindicato de Trabajadores del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Miembro del comité de especialistas del FONDART Nacional de Artes Visuales.

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