Armando Ruiz:ejecuciones

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En Venezuela, las ejecuciones extrajudiciales, las muertes por “presuntos enfrentamientos” y las masacres son un problema creciente que contribuye al alto índice de violencia que se vive en el país. El Estado, a través de sus órganos de seguridad, se ha convertido en responsable y cómplice de estos asesinatos. El problema tomó fuerza a raíz de las llamadas OLP (Operación de Liberación del Pueblo), en otros casos, las ejecuciones son hechas en contexto de incursiones de los organismos de seguridad del Estado en barrios populares.

Estas operaciones son el resultado de políticas de seguridad fallidas que han sido impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro. En ellas participan diferentes cuerpos de seguridad del Estado (CICPC, GNB, PNB, SEBIN, FAES, CONAS, GAES, DGCIM, GRIC, FANB, Ejército y las policías estatales). Con dichos operativos se busca incrementar el pie de fuerza ante la escalada de violencia que atraviesa el país: para el cierre del año 2018, Venezuela se situaba como el país más violento de América Latina y Centroamérica [1], con una tasa de homicidios de 81,4 por cada 100.000 habitantes [2].

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Es importante mencionar que esas ejecuciones se producen vulnerando el derecho a la vida y al debido proceso; ocurren en allanamientos sin órdenes judiciales y de manera violenta. Las víctimas presentan patrones similares de ajusticiamiento (disparos al tórax, cabeza y cuello) y en la mayoría de los casos son ejecutados en presencia de sus familiares. La mayoría de las víctimas son hombres con edades comprendidas entre los 12 y 44 años [3]. La cifra de ejecuciones extrajudiciales superó las 8.000 muertes entre el año 2015 y el 2017 [4].

En la investigación realizada se ha logrado contabilizar 1.318 casos de personas que murieron asesinadas bajo estas características, donde tuvieron responsabilidad organismos del Estado venezolano entre los años 2015 y 2018. El problema de las ejecuciones extrajudiciales aumenta con fuerza demoledora. El esclarecimiento por parte del Estado ha sido nulo, la falta de registros o cifras oficiales oculta la grave magnitud, y sus consecuencias es otro claro abuso a los derechos fundamentales de los ciudadanos. El Estado venezolano ha institucionalizado la muerte como política de control social.

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Con esta información de contexto ha venido trabajando el artista colombo-venezolano Armando Ruiz (1983), quien presenta en la Organización Nelson Garrido (ONG) de Caracas un proyecto sobre las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, que fue ganador de la residencia internacional en artes plásticas del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá (IDARTES). El proyecto fue desarrollado entre septiembre y octubre pasados en una residencia en El Avispero, en Cúa (Estado de Miranda, Venezuela).

La pieza central de esta exposición es el libro-objeto CEDJA, realizado con sangre humana y pintura acrílica sobre lona de algodón, y que recoge información de la masacre perpetrada en el año 2017 en el Centro de Detención Judicial de Amazonas (CEDJA), donde se violaron derechos fundamentales de los detenidos. “No hubo negociación con los internos”, señala el artista. “Fueron cometidos actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los organismos de seguridad que participaron (FAES, CICPC, GRIC, CONAS). No hubo acompañamiento ni garantías de parte de la Defensoría del Pueblo ni del Ministerio Público, y como resultado fueron asesinados 39 privados de libertad”, relata.

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La obra Ejecuciones, que da título a la exhibición, se compone de 3.792 letras en cuero que conforman nombres de personas ejecutadas extrajudicialmente por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Al realizar las letras en cuero y apilarlas, el artista afianza la relación con los cuerpos amontonados en las masacres. Por otro lado, la desorganización de los nombres lleva a pensar en la desinformación del Estado venezolano en relación con el problema.

La acción Despedazado, en el que un fémur de plomo golpea un húmero hasta hacerlo trizas, refiere a la idea de la agresión producida hacia el otro desde el endurecimiento y la frialdad. Los residuos se ubican en la sala frente a una serie de fotografías (Pedestal, 2019) que se erige como un monumento que nos recuerda que la muerte ha sido institucionalizada por parte del Estado venezolano.

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[1] Balance de InSight Crime sobre los homicidios en 2018 – Enero 22, 2019 https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-de-insight-crime-sobre-los-homicidios-en-2018/

[2] OVV-LACSO: Informe Anual de Violencia 2018 – 30 diciembre, 2018 https://observatoriodeviolencia.org.ve/ovv-lacso-informe-anual-de-violencia-2018/

[3] Amnistía internacional: Esto no es vida: seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela – 21-09-2018 https://www.es.amnesty.org/uploads/media/180910_Esto_no_es_vida_datos_y_cifras.pdf

[4] Amnistía internacional: Esto no es vida: seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela – 21-09-2018 https://www.es.amnesty.org/uploads/media/180910_Esto_no_es_vida_datos_y_cifras.pdf

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ARMANDO RUIZ: EJECUCIONES

Organización Nelson Garrido (ONG), Avenida María Teresa Toro, entre calles Cuba y Centroamérica, Las Acacias, Caracas

Del 19 de octubre al 13 de diciembre de 2019

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