Surgida como una herramienta que, por primera vez, reúne las áreas de artes visuales, fotografía y nuevos medios, la Política Nacional de las Artes de la Visualidad 2017-2022 es un nuevo instrumento que, tras un copioso análisis del sector, constata problemas y plantea soluciones de largo plazo, con miras a desarrollar y fomentar áreas cruciales como la creación, la formación, la investigación, el patrimonio, la difusión y la circulación bajo una estrategia de trabajo quinquenal.

El instrumento fue lanzado oficialmente el pasado 22 de septiembre en un acto en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat (UNAP), en la ciudad de Iquique, en el que participaron los tres coordinadores de la Macro Área de las Artes de la Visualidad del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA): Varinia Brodsky, del Área de Artes Visuales; Simón Pérez Wilson, del Área de Nuevos Medios; y Felipe Coddou, del Área de Fotografía. Junto a ellos estuvieron presentes Ana Tironi, subsecretaria del CNCA; Milisa Ostojic, directora del CNCA Tarapacá; Milena Mollo, encargada de Fomento del CNCA Tarapacá; Fernando Ossandón, encargado de Relaciones Institucionales del CNCA Tarapacá; Loreto González, Gestora Cultural en Iquique; el curador iquiqueño Rodolfo Andaur, y representantes de la comunidad local.

La Política es una hoja de ruta que busca generar una articulación entre los distintos agentes del sector, mediante la participación activa tanto institucional como ciudadana, y con una mirada descentralizadora. La aspiración del CNCA es que ésta sea “una política de Estado, no sólo del Consejo y del futuro Ministerio (de las Culturas, las Artes y el Patrimonio), sino también de otros ministerios, como el de Educación y Relaciones Exteriores, y otros servicios del Estado”, según Simón Pérez Wilson.

Al igual que las demás políticas que guían otros sectores de la cultura, la de las Artes de la Visualidad se ha construido con base en la consulta de los ciudadanos y, como novedad, se ha propuesto en ella un plan de seguimiento y evaluación de sus alcances durante los próximos cinco años. Asimismo, el instrumento se apoya en varios principios fundamentales, entre ellos la diversidad cultural; la igualdad de participación, acceso y contribución; el respeto a los derechos y a la libertad de creación; y la valoración social de los creadores y trabajadores culturales.

“El gran desafío fue dotar al campo de las artes de la visualidad de una hoja de ruta con las principales orientaciones y medidas para la acción pública, plasmadas en una política pública de Estado. Al presentar la Política Nacional de las Artes de la Visualidad 2017-2022, podemos decir con orgullo que este campo cuenta con un documento representativo de las demandas del sector para el accionar público con miras a los próximos cinco años, nacido del compromiso incansable de todas y todos los que fueron parte de este proceso”, escribe en el documento Ernesto Ottone, Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

ALGUNAS MEDIDAS

El documento es bastante amplio. Contempla varios ejes de acción, para los cuales se establecieron 21 objetivos y 55 medidas específicas. Acá se enumeran algunas de las más importantes:

  • Promover instrumentos de financiamiento para los museos e instituciones, con la finalidad de fomentar líneas de trabajo en conservación, resguardo, investigación, programación, adquisición, curaduría y desarrollo editorial.
  • Promover la formalización de la venta, compra, internación y exportación de obras de arte.
  • Revisar el marco normativo de las artes de la visualidad.
  • Potenciar la articulación entre las estrategias de desarrollo regional, los planes comunales de cultura y la política nacional de artes de la visualidad.
  • Fortalecer las capacidades de los profesionales de las instituciones culturales públicas a nivel regional y local.
  • Potenciar el rol de agentes mediadores, tales como curadores, críticos, investigadores, coleccionistas y las galerías existentes vinculadas al sector privado, para fortalecer la circulación y comercialización a nivel regional.
  • Promover instancias de coordinación permanentes con agentes públicos y privados, según pertinencia territorial.
  • Promover la coordinación entre las instituciones del Estado vinculadas a la internacionalización de las artes de la visualidad.
  • Fortalecer las instancias de desarrollo de residencias y laboratorios de creación e investigación artística, tanto a nivel nacional como internacional.
  • Ampliar la oferta de programas de formación y especialización en instituciones públicas y privadas hacia herramientas de gestión, curaduría, producción, montaje, mediación, dirección de espacios, programación, crítica de arte, conservación, restauración, documentación, gestión de colecciones y museografía.
  • Promover instancias de asociatividad y encuentro entre los distintos agentes de las artes de la visualidad a nivel local, regional, interregional y nacional.
  • Fortalecer la inversión pública en infraestructura cultural existente, procurando estándares acordes con las necesidades específicas (logística, equipamiento técnico, museografía, recursos humanos, entre otros).
  • Promover el uso de la infraestructura pública y privada en desuso a nivel territorial para el desarrollo de instancias de creación e investigación con énfasis en prácticas contemporáneas.
  • Generar e implementar un Plan Nacional de Colecciones y Archivos del campo de las artes de la visualidad.
  • Generar incentivos que promuevan el desarrollo editorial y distribución nacional e internacional de publicaciones, catálogos, revistas, libros especializados y traducciones.

ALGUNAS INQUIETUDES

Si bien hay que entender la Política Nacional de las Artes de la Visualidad 2017-2022 como una hoja de ruta elaborada tras una consulta ciudadana para abordar problemas macro que aquejan al ecosistema del arte de todo un país, no por ello dejan de surgir ciertas inquietudes relacionadas con las voluntades y los tiempos de su implementación a cinco años en un año electoral. ¿Qué tanto de esta hoja de ruta guiará a la próxima administración? O, de plano, ¿se tomará en cuenta? ¿Qué cronograma tendrá efectivamente? ¿Con qué voluntades contará? ¿Se sumarán todas las instituciones del Estado? ¿Participará la ciudadanía? ¿Cómo se velará por la implementación y los avances de los objetivos propuestos?

En el acto de lanzamiento, Varinia Brodsky respondió a estas inquietudes con un statement contundente: “Es importante que este documento no quede guardado en un cajón. Hay que defenderlo, es decir, esperamos que a nivel nacional todos se puedan sentir representados con alguno, u ojalá todos, los objetivos y medidas, y que de verdad podamos generar un trabajo colectivo para enfrentar este desafío de manera conjunta. Hay que apropiarse este documento”.

Los desafíos que enfrenta la educación artística en Chile están entre los más importantes, tal como se identifica en el amplio análisis incluido en el documento sobre el estado actual de las artes de la visualidad. Allí se menciona que, por ejemplo, la educación básica solo cuenta con dos horas semanales de educación artística. Alcanzar ciertos objetivos de la Política Nacional de las Artes de la Visualidad requeriría de reformas a fondo de la Ley de Educación, algo que ya hemos visto no ha sido nada fácil de lograr en los últimos años, y sobre todo tomando en cuenta que esta es una estrategia quinquenal. En cinco años, ¿cuánto se podrá avanzar?

Entre las medidas que propone el documento están impulsar el aumento de horas de enseñanza de arte en el currículo escolar, a través de la Jornada Escolar Completa, y fortalecer la calidad de las horas obligatorias, además de promover que la asignatura de Artes Visuales sea impartida por profesores o pedagogos especialistas en el área.

“Es tremendamente importante que exista una voluntad de todos quienes están implicados en este proceso. Necesitamos involucrarnos, conformar una unidad y poder establecer prioridades, jerarquizar y trabajar de acuerdo a plazos. Está claro que sería maravilloso que todas las medidas que aparecen aquí contenidas se pudieran concretar, pero evidentemente son cinco años, y hay políticas que no dependen de nosotros. Por eso apuntaba que este documento debiera tener una representatividad, para que podamos defenderlo entre todos”, indicó Brodsky.

Justamente, otro aspecto a tomar en cuenta dentro de esta nueva Política es el de la continuidad de la participación ciudadana, que ha sido el espíritu que ha guiado su elaboración. ¿Cuál sería el mecanismo específico para que se fortalezcan las redes de trabajo colaborativo, se discutan nuevos retos y se planteen soluciones, para que la comunicación pueda fluir tanto desde la institucionalidad hacia la ciudadanía como a la inversa? ¿Más mesas de participación ciudadana? ¿Ley del Lobby?

“El ejercicio de participación tiene que ser un ejercicio constante. Hay una Ley de Participación Ciudadana que está imperando hoy en día y que es bastante importante, y una de las cosas buenas que tiene es el tema de las cuentas públicas. Las mesas con representantes de las universidades y museos las queremos hacer de manera constante. Todos debemos ser garantes de que esto que se construyó participativamente también se cumpla de manera rigurosa y participativa”, señaló Pérez Wilson.

También es fundamental que, para que esta Política pueda dar con avances en muchos frentes, se consoliden alianzas entre los sectores público y privado, tal como se observa en otros países con circuitos de arte mucho más sólidos que el chileno. ¿Cómo puede establecerse esta complicidad?

“Realmente nos falta trabajar mancomunadamente con el sector privado para ver las iniciativas que están llevando a cabo, no solamente los grandes financistas, sino también los galeristas, los coleccionistas, etc. La Ley de Donaciones Culturales, por ejemplo, es una herramienta que ofrece la institucionalidad cultural, y que ha sufrido modificaciones, para bien o para mal, pero que en definitiva es bastante importante para poder gestionar proyectos. Sí nos hacemos una autocrítica de manera interna, porque tampoco hay mucha información sobre los procesos de la Ley de Donaciones; hay mucho que trabajar con esa secretaría técnica”, dice Pérez Wilson.

Una de las acciones que plantea la Política es diversificar los mecanismos de financiamiento para el desarrollo las artes visuales mediante el incentivo a la utilización de la Ley de Donaciones Culturales para el financiamiento de proyectos. Además, alienta la realización de encuentros e intercambios a nivel regional entre empresas y agentes del sector, y promueve la coordinación entre instituciones del Estado y el sector privado vinculadas al campo para la evaluación de mecanismos de financiamiento.

Pero si hay una gran duda que surge tras leer el documento es la que tiene que ver con cómo puede implementar el CNCA –o el futuro Ministerio- una política con tantos ejes, objetivos y acciones a ejecutar, en términos de tiempo, de recursos humanos y de presupuesto.

“Es importante establecer compromisos interinstitucionales, poder trabajar con los ministerios, poder relacionarnos a nivel nacional. En el fondo, no somos únicamente nosotros los llamados a llevar a cabo estas medidas, sino que es un trabajo donde debe existir el involucramiento. Hay que trazar una planificación que permita avanzar de acuerdo a la realidad del momento, tanto en recursos como en objetivos”, apunta Brodsky.

CÓMO SE ELABORÓ LA POLÍTICA

La Política Nacional de las Artes de la Visualidad 2017-2022 se elaboró en varias etapas. Lo primero que se hizo fue un diagnóstico del sector (detallado en el capítulo Situación Actual del Campo de las Artes de la Visualidad) que incluyó un catastro a lo largo de todas las regiones de Chile, así como identificar los avances, las debilidades y los obstáculos que –como muchos ya sabemos- enfrentan los museos y los archivos (entendidos como Patrimonio); la educación artística; la formación y la profesionalización; creación y producción; los fondos concursables; el campo laboral; difusión y circulación; comercialización y mercado; participación ciudadana, acceso a la cultura y formación de públicos.

En un segundo momento, entre julio de 2016 y abril de 2017, se convocó a la discusión a diversos agentes en cada una de las regiones de Chile y a través de varias instancias: el Coloquio Artes de la Visualidad y Política de Estado, en Santiago; 15 encuentros regionales, del que derivó un Encuentro Nacional; y cuatro mesas técnicas sectoriales con representantes académicos y de los museos de arte. La información emanada de estos encuentros participativos fue sistematizada por el Departamento de Estudios del CNCA.

Así, combinados estos tres insumos -levantamiento inicial, informes del proceso participativo y estudio del diagnóstico- se comenzó a redactar la Política por un Comité Técnico-Político, constituido por integrantes de los Comités Asesores de Artes Visuales, Fotografía y Nuevos Medios y los coordinadores de cada una de estas áreas, entre otros profesionales.

Posteriormente, se llevaron a cabo fases de coordinación intrainstitucional e interinstitucional. La primera permitió validar al interior del CNCA los contenidos de la Política, comprometiéndose sus departamentos y unidades en su implementación y seguimiento. La segunda, en tanto, buscó generar articulación entre los ministerios, servicios e instituciones públicas con competencias en el campo de las artes de la visualidad, “lo cual constituye uno de los pilares de esta y todas las políticas culturales desarrolladas por el CNCA, las cuales se proyectan como políticas de Estado”, según reza el documento.

La Política define ejes de trabajo, con objetivos y medidas específicos, aunque no por regiones geográficas ni por cada una de las áreas de las Artes de la Visualidad, ya que se trata de un documento marco. Como dijo Felipe Coddou en el encuentro, “las acciones concretas hay que irlas trabajando de forma horizontal y transversal, con la participación tanto de las instituciones públicas como de la ciudadanía”.

Un participante del encuentro preguntó cómo se relacionan los objetivos generales de la Política con las regiones, cómo hacer para que la Política no sea tan general y tan centralizada, para que en su afán de abarcar tantos objetivos quepan todas las realidades locales. Los coordinadores de la Macro Área recalcaron –en más una oportunidad- que tanto los objetivos como las problemáticas y las medidas contenidas en este documento fueron “rescatados de los distintos encuentros regionales”.

“Ustedes van a encontrar en esta Política, evidentemente, una síntesis de distintas problemáticas que, a nuestro parecer, y tras revisar todos los informes de los encuentros regionales son, en términos generales, bastante parecidas a nivel nacional. Evidentemente, hay objetivos y medidas para ciertas problemáticas específicas que vamos a tener que trabajar muy en sintonía con la próximas SEREMIAS regionales”, explicó Pérez Wilson. “Además”, agregó, “tenemos tres documentos con los que vamos a trabajar, que son las políticas sectoriales, las regionales y ahora la nacional. Todos estos instrumentos pasaron por procesos de participación ciudadana en las distintas regiones y dan cuenta de lo que está pasando en los distintos territorios”.

En este sentido, una de las medidas que sugiere la política para atender a regiones como la del Norte de Chile, por ejemplo, es generar mecanismos de coordinación entre instituciones públicas para facilitar la circulación y exhibición de obras e iniciativas “a nivel nacional y con países vecinos en zonas fronterizas”. Además, propone impulsar la generación de espacios de formación técnica y profesional en los ámbitos disciplinar y pedagógico “en regiones donde no existen instancias de formación superior”, como es el caso del Norte de Chile.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Un aspecto novedoso que trae este instrumento es que contempla instancias para la evaluación, cumplimiento y seguimiento de las medidas propuestas, así como de los compromisos que emanan tanto de la institucionalidad como de los agentes que tienen la responsabilidad de contribuir y trabajar por reducir las brechas existentes y dar solución a los problemas, al menos, más urgentes.

“A través del seguimiento será posible identificar los factores que favorecen y dificultan la ejecución, y proponer medidas preventivas o correctivas de manera oportuna para facilitar el cumplimiento de la Política. Para lo anterior se establecerán las acciones, metas anuales y quinquenales, indicadores y medios de verificación que permitan basar en la evidencia los estados de avance y cumplimiento de objetivos en el corto, mediano y largo plazo. El sistema de seguimiento deberá aplicarse a partir del primer semestre del año 2018”, dice el documento.

La estrategia de implementación de la Política requiere de análisis de factibilidad técnica, presupuestaria, orgánica y de coordinación interinstitucional e interministerial. Esto permitirá priorizar y planear anualmente el avance para el cumplimiento de la misma. La evaluación de resultados finales se realizará durante el año 2023.

“Los representantes de la sociedad civil organizada cumplirán una función vital en el cumplimiento de las medidas de la Política, monitoreando su avance y proporcionando aportes en ámbitos complementarios a los estatales, a través de Mesas Mixtas y Comisiones de Trabajo, las que constituyen un espacio de reflexión y diálogo colectivo que los involucrará sostenidamente en el tiempo”, señala el instrumento.

Esto se realizará a través de lo que se conoce como “seguimiento concertado”, que no es lo mismo que la supervisión o el control del propio Estado ni la vigilancia ciudadana que se realiza desde la organización independiente de la sociedad civil. Según define el Reporte de Seguimiento Concertado. Programas Presupuestales Estratégicos para la Reducción de la Pobreza y la Protección de la Niñez (Lima, Perú, 2008), “el seguimiento concertado se puede valer de lo producido por la supervisión estatal o la vigilancia ciudadana, pero lo que se acuerde como alertas y recomendaciones tiene que ser aprobado por consenso”. De este modo, queda claro quiénes, a la larga, velarán por esta nueva Política Nacional de Artes Visuales.

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Alejandra Villasmil

Nace en Maracaibo (Venezuela) en 1972. Es Directora y Fundadora de Artishock. Licenciada en Comunicación Social, mención audiovisual, por la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas, Venezuela, 1994), con formación libre en arte contemporáneo (teoría y práctica) en escuelas de Nueva York (1997-2007). En Nueva York trabajó como corresponsal sénior para la revista Arte al Día International (2004-2007) y como corresponsal de Cultura de la agencia española de noticias EFE (2002-2007). En Chile fue encargada de prensa y difusión para el Museo de Artes Visuales (MAVI), Galería Gabriela Mistral, Galería Moro y la Bienal de Video y Artes Mediales.
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