Bajo un candelabro ceremonial se ha tomado reunión solemne para temas de cultura, en un edificio particular: el ex Congreso Nacional de Santiago de Chile (tildado de “ex”, dado su funcionamiento regular en Valparaíso), aunque sigue sirviendo de lugar de operaciones. El salón con el candelabro es la sala de lectura (donde se leen, principalmente, discursos). En la planta inmediatamente superior, diversos salones alojan a los comités de los partidos políticos. En estos salones se gestan reuniones, se realiza el lobby y se acuerdan protocolos que luego se ejercen en las votaciones parlamentarias. Son estos mismos salones donde, a lo largo de este año, han ido surgiendo paulatinamente asuntos de cultura.

El mismo candelabro iluminó las cabezas del sector cultural en dos ocasiones curiosamente próximas. La primera, una multitudinaria actividad organizada por el Proyecto Trama; la segunda, el primero de los coloquios de discusión impulsada por la macro-área de artes de la visualidad del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA, Chile). En ambas instancias, el foco de la conversación son las carencias (y oportunidades) para las políticas públicas en materia cultural; una, en sentido amplio, la otra, en sentido más “acotado”. Ambas instancias, por su parte, transitan sobre planos de debate claramente diferenciados: la Agenda Trama, como producto “final” de un extenso proyecto de gestión civil en materia de fomento de las artes, y el coloquio, como primera instancia o inicial apuesta hacia la nueva institucionalidad del Estado.

Los públicos son abrumadoramente diferentes. La Agenda Trama logra congregar a un amplio sector artístico, con notoria presencia de regiones, y ubica estratégicamente a autoridades claves del gobierno de turno a ser testigos de la presentación. Se entregan copias de propuestas concretas —estratégicas para el fomento del sector, divididas por áreas o modos de aproximación— y se logra retener fotografías de Ministros sosteniéndolas en sus manos. La imagen captada es coyuntural: una vez más, los grupos y proyectos artísticos miran hacia la institucionalidad, llevando propuestas que superen la conveniencia de la mera demanda o denuncia. El contenido de la Agenda, más que un completo decálogo o manual de resolución a todos los problemas de los distintos sectores artísticos, ofrece un marco mínimo de referencia sobre el cual asentar un debate serio. Y es que, esencialmente, son los debates serios los que más se ausentan en las ya clásicas conversaciones que giran y mueren sólo en hablar de postulaciones a Fondos de Cultura.

¿Es esta misma seriedad la impregnada en el coloquio de artes de la visualidad? La pregunta no necesita ser contestada en la inmediatez, pero sí puede ser utilizada como excusa para reflexionar sobre los alcances de dicha jornada.

La convocatoria fue apresurada, claramente apresurada, realizándose la actividad en pleno horario laboral y, además, en la época más crítica para los postulantes a los Fondos de Cultura. ¿El resultado? Una asistencia completamente mermada y que se fue agravando con el pasar de las horas.

Dos días, principalmente concentrados en un formato expositivo de ponencistas, quienes dieron cuenta de una diversidad de ideas, en su mayoría respondiendo a agendas personales. Horas antes del evento, todas las “ponencias” fueron subidas públicamente al sitio web del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, razón por la cual los asistentes podían advertir que, de hecho, varios de estos documentos ni siquiera revestían el carácter de ser tales. El panorama de los contenidos estilados en el coloquio fue derechamente malo; inclusive, podríamos afirmar que la minoría de tales exposiciones respondió a la pregunta de una política pública para el sector artístico, siendo el resto una suerte de “performance” sobre agendas —reiteramos— más bien personales.

Si bien no es necesario comentar las directrices de las distintas mesas y contenidos expuestos, cabe sí hacer una mención puntual a un incidente particular de importante gravedad. Al inicio del primer día, Arturo Duclos no sólo hizo caso omiso de las bases del llamado público a exponer (al no enviar ninguna ponencia “propia”), sino además irrumpió en la discusión con la pretensión de resolverla desde un inicio: presentó, sin más, una propuesta de ley en la primera hora de discusión de una posible política. La inversión de los aspectos (presentar una idea de ley como primera etapa de una discusión política) reviste no sólo los componentes de un error de cálculo «situacional», sino además de un defecto desmedido en la relación con el sector. Pensar que un instrumento legal puede ser puesto previo a una discusión política, es comprenderlo sólo como una herramienta de gestión (un “logro” de redacción técnica), más no como una consecuencia del diagnóstico amplio, representativo y público.

Sobre esto último, debemos abrir la pregunta central sobre el sentido y la necesidad de una discusión política en el sector. Atrás deben quedar las comparaciones superficiales entre las maneras de producción y relación de otras disciplinas artísticas (tan habituales en gestos, tales como la Agenda Trama), sino que es momento de realizar un acto de construcción para las capacidades de una autoconciencia: la escena se observa a sí misma, se comprende para y por sí, para luego objetivarse en medidas públicas. Aquello, en términos de lo delineado por C. Schmitt, deben ser los focos de interés preponderantes en la noción de lo político, conceptualización que no puede ser obviada bajo las ansias de discutir sobre financiamiento, líneas de Fondos de Cultura, y propuestas de ley apresuradas

Pese a lo antedicho, el coloquio significó un primer paso. La primera de tantas aproximaciones torpes, de tantas copas de vino celebradas en inauguraciones, de tantas discusiones infructíferas en redes sociales. La primera, por lo que se expresó por parte de sus funcionarios públicos, de lo que será otra odisea participativa para construir una nueva política sectorial. En dicho sentido, los primeros acercamientos se encuentran diseñados para el error, para la inobservancia, y para inclusive la improvisación, pero advierten en igual medida los primeros problemas transversales del sector.

En primer lugar, el sector no sabe reconocerse a nivel general. No logra determinar, a ciencia cierta, qué entender como esta macro-área de “artes de la visualidad” sin, de por medio, etiquetar o meramente agrupar modos de producción. En sí, con la reunión de esta nueva estructura (funcional, más bien, para este diseño de política pública y no de orden inverso) no se resuelve la clara indefinición general que el arte visual posee en Chile, caracterizado por increíbles discrepancias entre formas de comprensión regionales y capitalinas. A ello se agrega la pregunta casi ontológica sobre el origen y destino del área de Nuevos Medios, inicialmente pensada como una importante glosa presupuestaria para desarrollar políticas relacionadas a cultura digital. Bajo la ingeniería de presentar similares soportes de difusión y de exposición, la reunión de sectores con poca claridad delimitadora parte siendo uno de los problemas de entrada, aunque pueda ser vista como una virtud en el marco de la flexibilidad.

En segundo lugar, se elude sistemáticamente la carencia de institucionalidad realmente coordinada. Ante la inevitable pregunta sobre la alarmante condición de los museos y espacios de exposición —de la cual ya se han escrito un sinnúmero de columnas y ponencias, mejores que las de éste coloquio—, el sector se desgasta en dar respuestas inorgánicas. Por inorgánicas entenderemos, en un abrumador ejercicio de simplificación, aquellas que no coordinan la actuación institucional estatal, sino que descansan en la negatividad de sus distintas parcelas. Dicho de otro modo: no construir puentes políticos que articulen a DIBAM con CNCA más allá del esqueleto institucional del nuevo Ministerio de las Culturas, es consolidar fisuras inorgánicas. Las carencias tangibles en los museos debilitan no sólo la cadena de validación interna que obras y actores (creadores, gestores, investigadores, autoridades, etc.), sino también el desarrollo de instituciones que vayan más allá de la simple identificación “personalista” que se les da. Parte de esta discusión fue revivida a propósito del anuncio del Centro Nacional de Arte Contemporáneo en Cerrillos (Chile), pero sin lugar a dudas ha sido abordado de forma inorgánica y ambivalente; curiosamente, este punto casi no fue tocado en los dos días del coloquio.

En tercer lugar, el sector sigue presentando rasgos asociativos que no han recibido el fomento pertinente. Por “asociatividad” no necesariamente debemos entender la conformación de sindicatos o colectivos imitables desde otras áreas (como las que se presentan en las artes escénicas y en la artesanía), sino la generación de lazos que impliquen la afectación colectiva. Ello puede producirse desde las maneras de creación y producción (desplegando trabajos en equipos múltiples), como también desde las formas estructurales de auto-cuidado del campo. Bajo este último lineamiento, encuentros como los de las Iniciativas Colectivas de Arte fueron abriendo las oportunidades para hablar de estas carencias, conversaciones que, sin lugar a dudas, pueden dañar distintas sensibilidades de actores acostumbrados a dinámicas individuales. Fomentar las prácticas asociativas no necesariamente está determinado por la gremialización o la asignación de fondos estratégicos, sino por la planificación de medidas de largo aliento que impulsen esta afectación mutua. Y así, pese a todo, la fuerza que estas distintas organizaciones colectivas ha tenido en el último tiempo es una patología evidente que se muestra igualmente abandonada: prueba de ello es la clara debilidad política que Arte Contemporáneo Asociado (ACA) posee en la actualidad.

En cuarto lugar, se siguen presentando fantasmas de orden industrializador. La gran mayoría de las políticas públicas sectoriales, en términos honestos, se sustentan en el objetivo de incubar, resguardar o acelerar un desarrollo industrial determinado: mejorar la cadena de valor, aceitar la maquinaria productiva, enlazar mejor a los agentes, definir las marcas e, idealmente, internacionalizar una imagen del lado creativo del país. Este es el sesgo del cual surgen los consejos sectoriales (audiovisual, música y libro), y del cual también aprovechan su continuidad para las dinámicas interministeriales de economía creativa. Así, las mejores respuestas orgánicas que el Estado entrega se dan, precisamente, en el campo productivo, pero brillan por su ausencia en las dimensiones simbólicas y en lo que respecta a la construcción de tejidos comunitarios. Por ello, podemos igualmente traducir la pregunta de política pública dirigida a un sector como una cuestión relativa a la existencia de una comunidad política medianamente concreta, pero que en este caso carece de título. Título no sólo que la nomine, sino que deje de lado sus ansias de tener “fondos propios” (que en nada solucionan la competitividad recalcitrante) para concentrarse, sin más, en los componentes que la hacen pública. Pública, ya que el Estado no sólo ha de ofrecer respuestas a personas “en tanto” artistas, sino también a ciudadanas y ciudadanos “en tanto” sujetos activos del desarrollo cultural general.

La enumeración de dificultades podría seguir y, de hecho, se debería convertir en un listado incalculable. Contextualizado, parece adecuado encontrar dificultades a la hora de hablar de una política pública, pero la cuestión fundamental es el tipo de mirada y la forma sobre la cual se pretende generar la discusión. En este sentido, el primer coloquio no sólo reviste errores que fueron evidentes para todos sus asistentes, sino que también parecen tener un llamado a la participación que merece análisis.

Una política pública (o más bien, una política de lo público) puede enfocar sus potencialidades de éxito no necesariamente en la extensión de sus documentos o en el número de proyectos de ley que surjan como resultado, sino en su nivel de “apropiabilidad”. Es decir, que el sector al que se dirige pueda reconocerse en ella como una traducción de sus intereses, como una carta escrita por él, o como una ruta realmente constituida en sus marcos. Que la elasticidad con la que ha sido reunida la macro-área genere condiciones para este ejercicio de apropiación, es un desafío importante al cual está llamado el Estado. No es responsabilidad de los agentes, no es responsabilidad de las asociaciones, ni tampoco responsabilidad de los políticos: es, sin más, responsabilidad del Estado, en cuanto tenue luz de una idea de lo público. Abrir torpemente las convocatorias, no delinear certeramente las mesas de trabajo, no provocar a los actores estratégicos para asegurar discusiones de calidad, o no dar respuestas institucionales a las maniobras comunicacionales más sensibles (como el grave hecho de que la Centro Nacional de Arte Contemporáneo sea anunciado en el discurso presidencial y no antes), son un triste ejemplo de potenciales fracasos. Por ello, asegurar la participación ciudadana deja de ser un mero criterio formal y “neutro”, uno que indique que “la gente debe tomárselo bajo su responsabilidad”, sino que se convierte en el trasfondo esencial que fundamenta una actuación decidida del aparato público a su encuentro; salir, finalmente, al encuentro de lo público.

Persistirán muchas de estas dudas, de estos sabores amargos y de riñas cada vez más injustificadas por redes sociales, pero una nueva política pública para las artes visuales ya ha dado su primer paso. Un paso sobre el cual el sector debe ser radicalmente crítico (como sólo la ciudadanía puede serlo), pero a su vez abrir las instancias para un diálogo colectivo. En este caso, el sector ya ha dejado pasar la oportunidad de actuar propositivamente en la creación del nuevo Ministerio de las Culturas, y parece también estar dejando pasar la oportunidad de afectar  la construcción de la Política Nacional de Museos. Los destellos producidos por los anuncios presidenciales y los candelabros de bellos salones parecen interesantes distracciones, pero dejan de ser relevantes cuando el vicio del mero observador es superado. El sector, por tanto, debe dar un paso decidido hacia la acción o, tristemente, más personajes podrán darse el lujo de redactar leyes, ejercitar el lobby deportivamente y esperar su momento para ocupar las instituciones.

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Francisco Villarroel

Estudió Derecho en la Universidad de Chile. Asesor jurídico de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (ANFUDIBAM) y del Sindicato de Trabajadores del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Miembro del comité de especialistas del FONDART Nacional de Artes Visuales.